Gobernanza corporativa y poder tributario: lecciones para la universidad chilena

Las discusiones sobre quién controla las instituciones y quién financia al Estado no son exclusivas del mundo empresarial. Dos señales emergentes desde el sector privado —la reforma de gobernanza que impulsa MK4 y el aporte tributario de Novandino que supera los US$ 2.500 millones anuales— ofrecen un espejo incómodo para las universidades chilenas, que siguen pendientes de resolver sus propias disputas sobre autonomía, transparencia y financiamiento público.

Directores independientes y la pregunta sobre quién manda realmente

La propuesta de MK4 para reformar la elección de directores independientes —otorgando mayor peso a los accionistas minoritarios— toca un nervio que las instituciones de educación superior conocen bien. Las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) llevan años debatiendo sobre la composición de sus juntas directivas, la representación de distintos estamentos y el rol de actores externos en la toma de decisiones estratégicas. La pregunta de fondo es la misma: ¿quién debe tener voz cuando los intereses divergen?

• Accionistas minoritarios (MK4): mayor peso en la elección de directores independientes, limitando el control de los grupos controladores.
• Universidades privadas: sin regulación homogénea sobre composición de directorios ni presencia obligatoria de consejeros externos.
• Universidades CRUCH: marcos de gobernanza definidos por sus estatutos históricos, con presión creciente del MINEDUC hacia estándares comunes.
• CNA y acreditación: incorpora criterios de gestión institucional, pero no exige modelos específicos de directorio independiente.

El peso tributario como termómetro de legitimidad institucional

Que el CEO de Novandino anuncie públicamente un aporte al Estado superior a US$ 2.500 millones en distintos tipos de impuestos no es un dato menor. Es una declaración de legitimidad social. Las empresas que operan en Chile saben que su continuidad depende, en parte, de demostrar que contribuyen al erario. Las universidades privadas con fines de lucro encubierto —fenómeno que la Ley 21.091 intentó contener— enfrentan exactamente el mismo imperativo de transparencia, aunque con herramientas regulatorias distintas y, hasta ahora, menos efectivas.

El paralelo no es gratuito. Mientras Novandino cifra su aporte fiscal con precisión quirúrgica, varias instituciones de educación superior chilenas no logran demostrar con igual claridad el destino de los recursos públicos que reciben vía gratuidad o créditos con aval del Estado. El MINEDUC y la Contraloría han intentado llenar ese vacío, con resultados dispares. La rendición de cuentas sigue siendo una asignatura pendiente.

Chile en el espejo: gobernanza débil como riesgo sistémico

El contexto chileno agrega urgencia al análisis. Las reformas de gobernanza corporativa que debate el sector privado —como la de MK4— suelen anticipar regulaciones que tarde o temprano alcanzan a otros sectores. La educación superior no es inmune. La CNA ya exige, como criterio de acreditación institucional, evidencia de procesos de toma de decisiones transparentes y con participación efectiva de distintos actores. Pero la brecha entre lo que se declara y lo que ocurre al interior de los directorios universitarios sigue siendo amplia.

Además, el debate sobre quién representa a las minorías dentro de las instituciones resuena con fuerza en un sistema universitario que todavía reproduce brechas de acceso por género, origen socioeconómico y territorio. Un directorio que no refleja la diversidad de su comunidad difícilmente tomará decisiones que la beneficien.

Lo que viene

El MINEDUC tiene pendiente una agenda de revisión de los marcos de gobernanza para universidades privadas acreditadas, proceso que podría acelerarse si el debate legislativo sobre directores independientes en el sector corporativo avanza durante el segundo semestre de 2025. Las instituciones que no anticipen ese movimiento regulatorio —actualizando voluntariamente sus estatutos y fortaleciendo sus mecanismos de rendición de cuentas— enfrentarán presiones externas que serán más difíciles de gestionar. La gobernanza no es un trámite: es el núcleo de la confianza institucional.